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Frente a temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, escapa a nuestra pretensión sugerir una calificación de las acciones supuestamente realizadas por los implicados, valoración que por supuesto corresponde a la Justicia. Sin embargo, su análisis permite generar un contenido de alto valor didáctico que ayuda a entender los formatos con una profundidad y claridad que un ejemplo cualquiera no brindaría. Resuelta la causa conocida como “Vialidad” resulta interesante actualizar un análisis que ya realizamos oportunamente, de los principales dictados del Juez Bonadío en la elevación de la causa a juicio oral de la causa conocida como “Los Cuadernos de Centeno”. Se recuerda que el Tribunal Oral 7, estableció el inicio del juicio oral en noviembre del corriente año.

Introducción

El 1° de agosto del 2018 estalló en Argentina uno de los escándalos de corrupción más importante de todos los tiempos con la detención de 12 personas, entre ellos Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, ocupado por Julio de Vido, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Al día siguiente, declaraba como “arrepentido” el ex chofer del mencionado Baratta, Oscar Centeno, quién ingresó al programa de protección de testigos. A partir de allí, empresarios, choferes, pilotos de avión, financistas, funcionarios y hasta la expresidente debieron transitar por los pasillos de los Tribunales.

El Juez Bonadío, destacaba:

  • La existencia de asociación ilícita que “desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015, y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente, y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello valiéndose de las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes.
  • La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, quienes ocuparon el cargo de Presidente de la República Argentina desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2007, y desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente.”

Los fondos de la corrupción

Resulta oportuno recordar que cuando hablamos de delito de corrupción la operatoria que culmina en una maniobra de lavado de dinero puede graficarse de la siguiente manera:

 

  1. Origen Lícito:

Se puede hablar de “origen lícito” cuando se trata, como en el caso que nos ocupa, de fondos originados en Obras Públicas o contrataciones del Estado. La empresa que ejecuta la obra emite sus facturas y el organismo estatal que corresponde procede al pago, el cual se realiza con transferencias o cheques, quedando, de esa manera, el producido dentro del circuito financiero formal.

El primer antecedente del “modelo de negocio” se observa en la denominada Vialidad, de reciente conclusión que juzgó los delitos cometidos en la asignación y ejecución de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Los Fiscales Luciani y Mola, lo denominaron como una “matriz de corrupción que perduró durante doce años y que se volvió sistémica, endémica”.  La fiscalía presentó 20 negocios pactados entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández y el empresario Lázaro Báez, entre otros, compraventa de propiedades, fideicomisos, préstamos, permutas de terrenos, explotación de hoteles, etc. Los resultados fueron un incremento del patrimonio del empresario del 12.127% entre el 2004 y 2015 y el de Austral Construcciones en 45.313%.

Volviendo a la causa “Cuadernos”, el Juez Bonadío decía que: “En el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por indicaciones del Presidente Néstor Carlos KIRCHNER, y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles. En ese contexto espurio, las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación. En el caso específico de la Dirección Nacional de Vialidad, los actos de adjudicación de las obras se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson PERIOTTI, y en cuanto a las entregas de dinero, en el caso de que se abonaran anticipos financieros, la suma oscilaba entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra; y para el supuesto de que en las obras no se efectuaran tales pagos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra. De este modo, Julio Miguel DE VIDO, a través de los distintos organismos dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fue el responsable de la concreción de este sistema, encomendándole su coordinación a José Francisco LÓPEZ (Secretario de Obras Públicas), y su ejecución a Carlos Guillermo Enrique WAGNER (Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), siendo que a efectos de lograr la recaudación dineraria, tomó intervención, en un rol sumamente destacable, Ernesto CLARENS, aunque este último, también contó con la colaboración de Sandro FÉRGOLA (Gerente de Obras y Servicios Viales, y Subadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad), de Sergio Hernán PASSACANTANDO (Gerente de Administración del mismo organismo), y Germán Ariel NIVELLO (funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del organismo antes mencionado)”.

Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de ESUCO, declaró respecto de la existencia de denominado un “Club de la Obra Pública” conformado por un grupo de empresas beneficiadas, donde se decidía quien ganaría cada licitación, para luego “arreglar con López, Baratta o el propio De Vido”. Es decir que una actividad lícita, como la obra pública y merced a sobreprecios en las cotizaciones, generaba fondos para “devolver” al propio contratante.

  1. Ennegrecimiento: cómo sacar el dinero

Luego de que el dinero se hallaba en las cuentas bancarias de las constructoras, se procedía a ejecutar el proceso de ennegrecimiento, es decir retirarse bajo la forma de pagos por servicios diversos que supuestamente habían sido prestados. Obviamente la empresa no podía transferir los montos en cuestión a las cuentas de los funcionarios. Para esto existen distintos caminos y formatos.

De los “Cuadernos de Centeno” no surge esta explicación, ya que Baratta entra en el juego luego de realizado este proceso, es decir que recibía en los bolsones el dinero ya “ennegrecido”.  Un camino tradicional para ejecutar dicho proceso es mediante facturas apócrifas.

Por ejemplo, en la causa Nro 119665/2014, iniciada en Bahía Blanca contra Ficcadenti, el Fiscal Castaño describe el proceso de la siguiente manera: Lázaro Báez obtenía contratos de obra pública de Vialidad para Austral Construcciones, con presuntos sobreprecios millonarios. Luego las siguientes sociedades fantasmas de Bahía Blanca, Terrafari, Calvento y Grupo Penta, emitían las facturas truchas (apócrifas) a favor de Austral Construcciones. Martín Báez emitía cheques a favor de esas sociedades fantasma, que los descontaban en financieras o los cobraban por ventanilla en el banco. La Justicia sospecha que el dinero cobrado de esos cheques quedaba en manos del propio Báez, quién era el encargado de moverlo por el circuito negro de la financiera SGI (conocida como La Rosadita).

No puede obviarse otra operación que parece encajar en el mismo modus operandi.  La empresa “Logística Integral Río Turbio S.H” facturó a Isolux (constructora vinculada a la causa Centeno) $ 48 millones por la construcción de una central térmica en la Patagonia. Lo llamativo de esta sociedad de hecho es que su titular era el Secretario de Seguridad, Berni. Según informes periodísticos, los peritos de la Suprema Corte de Justicia establecieron que dichos pagos no constaban de las correspondientes facturas respaldatorias y habían sido realizados en efectivo.

El mismo formato se observó en un video difundido por un medio periodístico donde “Shakira”, lugarteniente de la dirigente social Milagro Sala (condenada como jefa de una asociación ilícita), retiró de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en la Provincia de Jujuy, 14 millones de pesos en efectivo, los guardó en bolsos y se alejó en un vehículo.

Procesos como el descripto pueden haber sido los utilizados por las empresas constructoras en cuestión, quienes mediante esas maniobras podrían haberse hecho del efectivo necesario para proceder a sus pagos generando los denominados “bolsones”.

  1. Los “valijeros”

Los “Cuadernos de Centeno” son ricos en la descripción de la Etapa 3 de nuestro gráfico. Un precursor en estas funciones fue, sin lugar a duda, el arrepentido Leonardo Fariña, quien relató su rol y el de SGI (conocida como La Rosadita) como un canal para mover billetes en forma física (avión), transferencias o compensaciones, utilización de empresas constituidas en paraísos fiscales y movimientos a otros países como Uruguay y Suiza o hacia el Estado de Nevada en los EE.UU.

La función del “valijero”, es tomar los bolsos del dinero ya ennegrecido y fuera del sistema y ponerlo a disposición de los beneficiarios de las maniobras mencionadas.

Los “valijeros” se multiplican en esta causa. Centeno describe todas y cada una de las supuestas entregas realizadas por su ex jefe, Baratta. Por ejemplo, bolsos entregados a Daniel Muñoz, secretario de Kirchner, en el domicilio del matrimonio presidencial, Uruguay 1306 de esta capital, los días jueves: el 30/09: 1,8 millones, el 7/10: 5,6 millones, 14/10 3,0 millones y 21/10, 3,5 millones. Esos bolsos habrían sido trasladados a Río Gallegos en el Tango 01, desde la Base Militar de Aeroparque, según habría declarado el ex Director Provincial de Aeronáutica de Santa Cruz devenido en piloto presidencial, el “Potro” Velázquez, quien dijo desconocer el contenido.

Otro nombrado es Uberti, también vinculado a la causa del “valijero” Antonini Wilson.

  1. La entrega de los Fondos

Dice el Juez Bonadío:

“Los cobros fueron recaudados principalmente por Roberto BARATTA y Nelson Javier  LAZARTE [secretario privado de Baratta]; también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos: Walter FAGYAS [Asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y Presidente de ENARSA], Rafael Enrique LLORENS [Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación], Hernán Camilo GÓMEZ [funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal] y Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN [Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal]. Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/cobros por Oscar Bernardo CENTENO, quien recibía órdenes de BARATTA y DE VIDO.

Agrega el Juez, que: “El dinero era entregado, alternativamente, a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados (principalmente Héctor Daniel MUÑOZ) en el edificio sito en la calle Uruguay 1306 y Juncal 1411, de esta ciudad -domicilio particular de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ-, en la Residencia Presidencial de Olivos, y en la Casa de Gobierno; siendo que parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.

  1. El Destino de los Fondos
  • Atesoramiento

Ya con los bolsos en su poder los beneficiarios tienen básicamente dos alternativas con su contenido: atesorarlo o lavarlo.

Las formas de atesoramiento son diversas y tienen la característica distintiva de que el dinero continúa fuera del sistema y no puede ser libremente utilizado para adquirir bienes o efectuar gastos de cierta envergadura.

Para esto resultan de suma utilidad las bóvedas y las cajas de seguridad, tan expuestas periodísticamente como negadas por sus dueños. Por ejemplo, las supuestas bóvedas en la inmobiliaria Sancho, Sanfelice y Asociados, el dragón de Carlos Tomeo en el Country Abril (empresario procesado por lavado de dinero y supuestamente vinculado al exgobernador Daniel Scioli) y las cajas fuertes del ex Banco Hipotecario Nacional, vendidas o regaladas al expresidente Néstor Kirchner.

Otra causa aparentemente no ligada, pero que resulta difícil no vincular, fue el descubrimiento de los más de 4, 6 millones de dólares en la caja de seguridad que Florencia Kirchner poseía en el Banco de Galicia. En su declaración ante el juez aclaró que ese dinero provenía de la sucesión de su padre y de la cesión de bienes gananciales que le efectuara su madre, de acuerdo con la ley.

Los bolsos de López arrojados a un convento, también son una forma de atesorar, como asimismo fondos sin declarar en cuentas en Suiza, Seychelles u otros países de otrora robusto secreto bancario y abiertas (muchas veces) a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales como Panamá.

  • Lavado de Dinero

La ya mencionada Causa Hotesur, con actores repetidos, permite entender alguno de los formatos. Los fiscales Pollicita y Mahiques, establecen el siguiente mecanismo:

  • Adquisición por parte de una familia Kirchner de una cadena hotelera: Los fiscales dicen que la compra de los tres hoteles de la familia estuvo fondeada con dinero proveniente de la obra pública vial. Lázaro Báez le suministró un flujo de fondos de prácticamente 12 millones de pesos —$11.933.096,50— contemporáneamente a la compra de estos.
  • La interposición de la empresa Valle Mitre para la administración y explotación de los hoteles de la ex familia presidencial: hasta ese momento la sociedad administraba un restaurante con ventas anuales $430.095,80. Sin experiencia en el rubro hotelero, comenzó a manejar los tres hoteles y pasó a realizar ventas por más de $ 24 millones, siendo única misión explotar los hoteles de los expresidentes. En 2013, la difusión en un programa televisivo presumiblemente motivó el cambio de gerenciadora de Báez, por IDEA S.A. de Sanfelice.
  • La canalización de fondos de la obra pública desde las empresas del Grupo Báez hacia Valle Mitre. Los fiscales establecen que se realizó un proceso de reciclaje de una parte de lo defraudado al Estado, a través de la falsa contratación de habitaciones y de salones y contratación simulada de servicios de consultoría integral y marketing. Este flujo de fondos generó ganancias a los ex presidentes y a sus hijos y permitió afrontar los gastos del negocio hotelero.
  • La incorporación del dinero al patrimonio de la familia Kirchner: en un mes Báez debía pagarle más de lo que la empresa ganaba en un año. El dinero, era retirado personalmente por Néstor, Cristina, Máximo y Florencia.

Conclusión

Origen de dinero en sobreprecios de obras públicas, ennegrecimiento a través de facturas apócrifas, blanqueos a través de fondos ingresados desde paraísos fiscales y reintegros a través de pagos por servicios hoteleros no brindados, son un modelo de manual.

Corresponde a la justicia investigar los hechos y las conexiones entre las distintas causas y calificar finalmente a sus responsables. Mientras tanto este lamentable caso, resulta significativamente didáctico a la hora de entender estos complejos mecanismos.

 

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